Una nueva polémica se abrió en torno al otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios públicos. En esta ocasión, el caso involucra a Carolina Olivera, actual titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI, quien accedió a un préstamo superior a los 500 millones de pesos.

El crédito habría sido otorgado en octubre de 2025 y, con la actualización de intereses, la deuda actual ya superaría los 565 millones de pesos. El dato fue difundido por el periodista Beto Valdez.

La situación generó repercusión porque Olivera ocupa un cargo dentro del PAMI y, además, está casada con Ezequiel Cabrera, jefe de administración y finanzas de MED-EL Latinoamérica, empresa que mantiene vínculos comerciales con el organismo como proveedora de implantes cocleares. Este punto abrió interrogantes sobre eventuales conflictos de interés.

El caso se suma a la controversia conocida semanas atrás, cuando trascendió que funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas también habían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos elevados. Desde la entidad bancaria habían señalado que los préstamos fueron otorgados bajo las condiciones habituales, sin excepciones ni trato preferencial.

En ese contexto, sectores de la oposición reclamaron mayor transparencia y solicitaron información sobre las condiciones en las que fueron aprobados estos financiamientos, especialmente cuando involucran a dirigentes o funcionarios vinculados al oficialismo.

Olivera es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires e ingresó al PAMI en 2012. Desde entonces ocupó distintos cargos en áreas vinculadas a Recursos Humanos, hasta ser designada en febrero de 2026 al frente de la Unidad de Gestión Técnico Operativa.

La situación vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de acceso al crédito estatal, los controles internos y la necesidad de garantizar transparencia cuando los beneficiarios son funcionarios públicos.

El médico y especialista en Salud Pública, Óscar Atienza, expresó su preocupación por el incremento de casos de hantavirus en el país y advirtió sobre la circulación de la denominada variante Andes, detectada principalmente en la región patagónica.

Según explicó, el hantavirus es una enfermedad viral que se transmite originalmente por el contacto con roedores, especialmente el “ratón cola larga”. Sin embargo, algunas variantes pueden generar contagios entre personas, lo que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención.

Atienza señaló que la enfermedad puede comenzar con síntomas similares a los de una gripe común, como fiebre, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar general. En los casos más graves, puede derivar en complicaciones pulmonares severas.

El especialista indicó que en Argentina ya se reportaron más de 100 casos, aunque no descartó que la cifra real sea mayor por posibles demoras o subregistros en las notificaciones sanitarias. También advirtió que el período de incubación puede extenderse hasta 40 días, lo que dificulta el rastreo de contactos.

Las zonas endémicas mencionadas incluyen sectores de la Patagonia, el norte argentino y algunas áreas de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, Atienza recomendó evitar el contacto con roedores, ventilar espacios cerrados, mantener la limpieza de viviendas, depósitos y galpones, y extremar los cuidados en ambientes rurales o con malezas.

Finalmente, remarcó la necesidad de actuar a tiempo para impedir una mayor circulación del virus y fortalecer los controles sanitarios.

El tribunal pidió que el expediente sea enviado en el plazo de un día para poder resolver sobre el caso. La decisión se da luego de que se definiera que la causa debe tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia laboral.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio un plazo de 24 horas al juez laboral Raúl Ojeda para que remita el expediente correspondiente al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra distintos artículos de la reforma laboral.

La decisión se conoció luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones resolviera que sea la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal la que intervenga en el caso, en línea con el planteo realizado por el Gobierno nacional. Según el fallo, el conflicto de competencia ya se encuentra definitivamente resuelto, por lo que se requirió el envío de la causa en el plazo establecido.

El expediente corresponde a la causa “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, vinculada al planteo judicial que había dejado sin efecto más de 80 artículos de la reforma laboral. La resolución lleva las firmas de los jueces de la Sala IV Rogelio Vicenti, Marcelo Duffy y Jorge Eduardo Morán.

Los magistrados ya habían definido la semana pasada que la causa debía salir del ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo y pasar al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se tramitan los procesos contra el Estado.

El amparo impulsado por la CGT cuestiona distintos puntos de la reforma laboral al considerar que implican una regresión en derechos laborales, afectan la libertad sindical y vulneran principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

Entre los aspectos señalados por la central obrera se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical.

De esta manera, el expediente queda en el centro de una disputa judicial clave para el futuro de la reforma laboral, mientras el Gobierno busca que el caso sea tratado en el fuero Contencioso Administrativo Federal y la CGT sostiene sus cuestionamientos sobre el impacto de las modificaciones en los derechos de los trabajadores.

El estudio, realizado sobre 2.000 casos entre el 25 de abril y el 1 de mayo, también muestra una marcada brecha de género en la evaluación del Gobierno y un escenario electoral abierto de cara a 2027.

El informe “Domingo de Datos” de mayo 2026, elaborado por la consultora Zuban Córdoba, expone un escenario político complejo para el Gobierno nacional, con altos niveles de desaprobación, desgaste en la imagen de dirigentes oficialistas y una fuerte demanda social de cambio de cara al próximo proceso electoral.

Según el relevamiento, la aprobación del Gobierno nacional se ubica en 34,3%, mientras que la desaprobación alcanza el 64,5%. Apenas un 1,2% de los encuestados respondió “no sabe”. En la comparación mensual, el estudio señala que la desaprobación se mantiene en niveles elevados, luego de haber marcado un 65% en abril y un 64,5% en mayo.

Uno de los datos destacados del informe es la brecha de género. Entre los hombres, la desaprobación llega al 59,4%, mientras que entre las mujeres asciende al 69,5%. En tanto, la aprobación es del 38,5% en el segmento masculino y del 30,1% en el femenino.

El trabajo también indaga sobre el clima político general y plantea una cifra significativa: el 71,2% de los argentinos considera que “hace falta un cambio de gobierno en Argentina”. Frente a esa afirmación, un 21% se manifestó en desacuerdo y un 7,8% respondió que no sabe. Entre las mujeres, el nivel de acuerdo con la necesidad de un cambio trepa al 76,9%, mientras que entre los hombres alcanza el 65,1%.

En el módulo de imágenes, el informe muestra que varios referentes del oficialismo presentan altos niveles de imagen negativa. Javier Milei registra una imagen negativa del 60,6%, mientras que Patricia Bullrich alcanza el 55,5%, Karina Milei el 66,3% y Manuel Adorni el 72,1%. En el caso de Adorni, la serie comparada muestra una caída de su imagen positiva, que pasó del 42,7% en una medición anterior al 16,5% en mayo.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el relevamiento presenta distintos escenarios. En uno de ellos, PJ-Fuerza Patria aparece con 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%, mientras que un 27,2% aún no sabe por qué espacio votaría. En un segundo escenario, el PJ-Fuerza Patria sube al 31,7%, La Libertad Avanza alcanza el 23,9% y el nivel de indecisos se ubica en 30,5%.

El informe también mide potencialidades de voto de diferentes dirigentes. Axel Kicillof aparece con 44,1% de votabilidad, seguido por Sergio Massa con 34,6%, Patricia Bullrich con 32,4%, Victoria Villarruel con 31,7% y Javier Milei con 31,4%. En contrapartida, Milei registra un 57,2% de rechazo ante una eventual candidatura, mientras que Bullrich alcanza el 56,4% y Mauricio Macri el 56,8%.

La ficha técnica indica que el estudio se realizó sobre población general mayor de 16 años, con una muestra de 2.000 casos, un error de muestreo de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo se desarrolló entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026, mediante una técnica mixta compuesta por 20% mailing y 80% CAWI.

En su análisis, la consultora sostiene que el escenario de mayo refleja una tendencia consolidada más que una variación coyuntural. El informe concluye que la sociedad argentina parece tener mayor claridad sobre lo que rechaza que sobre la alternativa que desea respaldar, en un contexto donde el Gobierno pierde iniciativa política y la oposición aún no logra ordenar una oferta de representación ampliamente confiable.

El Gobierno nacional atraviesa un escenario de creciente desgaste político, según el último informe DDD Mayo 2026 elaborado por Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento muestra que apenas el 34,3% de los consultados aprueba la gestión, mientras que el 64,5% la desaprueba.

La encuesta fue realizada entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026, sobre una muestra de 2.000 casos de población mayor de 16 años, con un margen de error de ±2,19% y un nivel de confianza del 95%.

Uno de los datos más sensibles para el oficialismo aparece en la comparación por género. Entre los hombres, la desaprobación alcanza el 59,4%, pero entre las mujeres sube al 69,5%. La diferencia confirma una brecha que el Gobierno no logra revertir y que podría transformarse en un límite electoral hacia 2027.

El informe también registra un deterioro en la imagen de los principales dirigentes del espacio oficialista. Javier Milei alcanza un 60,6% de imagen negativa, mientras que Manuel Adorni llega al 72,1%. Karina Milei también aparece con niveles superiores al 65% de rechazo.

La señal más fuerte del relevamiento está en la pregunta sobre el futuro político del país: el 71,2% considera que hace falta un cambio de gobierno en Argentina. Solo el 21% se manifiesta en desacuerdo. Entre las mujeres, la demanda de cambio asciende al 76,9%.

El estudio también marca una advertencia dentro del propio electorado libertario. Entre quienes votaron a Milei en el ballotage, el 40,1% está de acuerdo con la frase “Voté a Milei y me defraudó”. Aunque el núcleo duro conserva una porción importante de respaldo, el dato expone fisuras en la base electoral que llevó al Presidente al poder.

De cara a 2027, los escenarios electorales muestran un panorama abierto y fragmentado. En una de las simulaciones, La Libertad Avanza aparece con 28,4%, seguida por PJ-Fuerza Patria con 22,1%, mientras que el 27,2% aún no define su voto. En otro escenario, PJ-Fuerza Patria alcanza el 31,7%, La Libertad Avanza queda en 23,9% y los indecisos llegan al 30,5%.

El informe deja una conclusión política de fondo: el rechazo al Gobierno es mayoritario, pero la oposición todavía no capitaliza plenamente ese descontento. La sociedad parece tener más claro lo que no quiere que la alternativa que está dispuesta a acompañar.

La Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de Manuel Adorni, tiene previsto utilizar fondos públicos para contratar encuestas y estudios de opinión por un monto que podría alcanzar los $229 millones.

De acuerdo con la información publicada por El Destape, la contratación fue planteada como un servicio de monitoreo de gestión y opinión pública, con vigencia por un año y posibilidad de prórroga por otro período similar. El procedimiento fue realizado mediante la modalidad de Acuerdo Marco, lo que habilita a solicitar trabajos a las firmas seleccionadas a través de órdenes de compra dentro del presupuesto aprobado.

El esquema incluye a 14 consultoras habilitadas para realizar distintos tipos de mediciones, entre ellas encuestas telefónicas, presenciales, online, grupos focales y relevamientos en comunidades de WhatsApp. Sin embargo, uno de los puntos que despierta críticas es que la licitación no precisa qué temas serán consultados ni cuál será el uso final de esos datos.

La decisión se conoce en un escenario marcado por reclamos de financiamiento en áreas sensibles y por el impacto del ajuste sobre universidades, jubilaciones, salud y programas sociales. En ese contexto, el gasto proyectado vuelve a instalar una discusión central: mientras el Gobierno sostiene que “no hay plata”, sí aparecen recursos para medir opinión pública e imagen de gestión.

Desde el oficialismo, ante la consulta del medio que reveló la información, señalaron que este tipo de encuestas se realizan habitualmente y que no se tratan únicamente de mediciones electorales, sino de estudios de opinión pública.

Aun así, la falta de precisiones sobre las preguntas, los objetivos y el destino político de los resultados deja abierto el debate sobre la transparencia en el uso del dinero del Estado. En tiempos de recortes, cada peso público exige explicación.

La deuda pública argentina volvió a ubicarse en el centro del debate económico luego de que la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtiera que el stock total superó los 483.830 millones de dólares a marzo de 2026. Según el organismo, el incremento ronda el 30% en comparación con diciembre de 2023, pese al discurso oficial que sostiene que el endeudamiento no aumentó.

De acuerdo con el análisis difundido, durante la actual gestión ingresaron divisas provenientes de deuda externa, incluyendo desembolsos de organismos internacionales y préstamos financieros. Sin embargo, desde la Defensoría remarcaron que esos fondos no permitieron una acumulación sostenida de reservas ni impulsaron la actividad económica, sino que fueron destinados principalmente a cubrir compromisos financieros.

El informe también menciona que desde diciembre de 2023 habrían ingresado alrededor de 47.000 millones de dólares netos por deuda externa. En ese marco, se señala el aumento de compromisos con organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que genera preocupación por el peso de los vencimientos de corto plazo.

Desde el organismo provincial consideraron que el esquema actual profundiza la dependencia financiera del país. Plantearon que el endeudamiento no aparece como una herramienta para promover el desarrollo, sino como un mecanismo para sostener pagos, contener desequilibrios y financiar la salida de divisas.

La advertencia también alcanza al sector privado. El reporte sostiene que empresas y hogares enfrentan mayores dificultades financieras en un contexto de caída del consumo, menor demanda interna y pérdida de poder adquisitivo. En el caso de las firmas, la presión se refleja en el aumento de la morosidad y en problemas dentro de la cadena de pagos.

En los hogares, la situación también genera preocupación. Según el informe citado, muchas familias recurren al crédito para afrontar gastos básicos, mientras crecen las dificultades para cumplir con sus obligaciones. Esta dinámica muestra un cambio en el uso del endeudamiento, que ya no se vincula únicamente al consumo, sino también a la necesidad de cubrir la subsistencia diaria.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo de Formosa planteó que el crecimiento de la deuda, sumado a los vencimientos próximos y al deterioro de la economía cotidiana, configura un escenario de alta fragilidad para los próximos meses.

En los últimos días, el presidente Javier Milei y funcionarios de su gabinete hicieron referencia a la situación del empleo y los salarios en la Argentina, con el objetivo de mostrar una mejora en el mercado laboral durante la actual gestión.

Uno de los puntos señalados por el mandatario fue que los salarios que más se desplomaron fueron los del sector público. De acuerdo con los datos oficiales, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los ingresos estatales tuvieron una caída real del 18,3%, descontando el efecto de la inflación. Sin embargo, ese no fue el único sector afectado: los salarios del sector privado también retrocedieron, aunque en menor medida, con una baja del 3,5% real. En conjunto, el salario formal acumuló una caída del 8,9% en el período analizado.

Otro dato difundido por el Gobierno indica que desde el inicio de la gestión se crearon 113 mil puestos de trabajo. La cifra coincide con las estadísticas del INDEC, pero el detalle muestra que ese crecimiento se explica por el aumento del empleo informal y del trabajo no asalariado. Mientras se sumaron puestos por cuenta propia y empleos no registrados, se redujo la cantidad de puestos formales y estatales.

Además, el incremento del empleo fue menor al crecimiento de la población en edad de trabajar. Según el análisis citado por Chequeado, los puestos laborales subieron 0,6%, mientras que la población en edad laboral creció 2% en el mismo período.

El Gobierno también destacó una mejora en los ingresos de los trabajadores no registrados. Los datos del INDEC muestran una suba del 31,3% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. No obstante, distintos especialistas plantean dudas sobre la forma en que se captan esos ingresos en las encuestas, especialmente en contextos de alta inflación, donde puede haber subdeclaración o distorsiones en la comparación con períodos anteriores.

De esta manera, aunque algunas cifras difundidas por el Gobierno tienen respaldo en estadísticas oficiales, el análisis completo muestra un escenario más complejo: caída del salario real, retroceso del empleo formal y crecimiento de ocupaciones informales o de menor remuneración.

La exposición de Manuel Adorni en el Congreso estuvo lejos de llevar tranquilidad. El jefe de Gabinete llegó a Diputados para defender la gestión libertaria, pero terminó envuelto en fuertes críticas de la oposición, que apuntó tanto contra su situación patrimonial como contra el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

Una de las voces más duras fue la de la diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa, quien cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario y aseguró que el oficialismo intenta construir un relato alejado de la vida cotidiana de los argentinos. “Adorni está demasiado complicado, lo mejor que puede hacer es renunciar”, afirmó la legisladora, en referencia a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete.

De la Rosa también rechazó el diagnóstico presentado por Adorni sobre la situación del país. Según la diputada, el funcionario describió una “realidad paralela” que no coincide con lo que ocurre en la calle, donde se profundizan los problemas de empleo, consumo y producción. En ese sentido, advirtió sobre la caída de la actividad en comercios, construcción e industria, sectores especialmente golpeados por el modelo de ajuste aplicado por la administración libertaria.

La crítica se centró además en el impacto federal de las medidas del Gobierno nacional. La legisladora formoseña denunció la reducción de recursos a las provincias, el freno de obras públicas, los recortes en programas sociales y la preocupación por las cajas previsionales. Para De la Rosa, el Gobierno de Milei traslada el costo del ajuste a las jurisdicciones, que deben responder a una crisis social creciente con menos herramientas y menos financiamiento.

La presentación de Adorni también estuvo marcada por un clima de tensión política en el recinto. Legisladores opositores lo recibieron con carteles, chicanas y cuestionamientos, mientras el oficialismo intentó respaldar a uno de los funcionarios más visibles del Gobierno. Sin embargo, lejos de despejar dudas, la jornada dejó expuesta la fragilidad de un discurso oficial que insiste en mostrar orden y éxito, mientras aumentan los reclamos por la falta de respuestas frente al deterioro económico y social.