Un nuevo relevamiento nacional encendió señales de alerta para el Gobierno de Javier Milei: el 65% de los argentinos desaprueba su gestión, mientras que solo el 33,9% la aprueba.

El dato no solo marca un alto nivel de rechazo, sino que además confirma una tendencia en ascenso de la imagen negativa, que viene creciendo de manera sostenida en los últimos meses, según la evolución presentada en el informe.

El malestar social también se refleja en la percepción sobre el rumbo del país: el 63,6% considera que Argentina va en la dirección incorrecta, frente a apenas un 28,3% que cree que el camino es el adecuado.

Pero uno de los datos más sensibles aparece en el plano económico personal. Más de la mitad de los encuestados, el 55,2%, asegura que su situación empeoró en el último año, mientras que solo un 7,6% afirma haber mejorado.

En ese contexto, las principales preocupaciones de la sociedad están directamente vinculadas al bolsillo: llegar a fin de mes y las deudas encabezan la lista con un 22%, seguido por la inflación y el deterioro de los ingresos.

El informe dibuja así un escenario de creciente tensión social, donde la caída del poder adquisitivo y la incertidumbre económica impactan de lleno en la percepción sobre la gestión nacional.

El regreso de los créditos hipotecarios en la Argentina llega con una fuerte contradicción: mientras se promocionan como una oportunidad para acceder a la vivienda propia, en la práctica quedan cada vez más lejos del bolsillo promedio.

Según los últimos cálculos, para acceder a un crédito hipotecario de alrededor de USD 75.000 en el Banco Nación, se necesita demostrar ingresos mensuales elevados, en un contexto donde los salarios vienen perdiendo frente a la inflación y el empleo muestra señales de fragilidad.

El sistema vigente, basado en créditos UVA —que ajustan por inflación— implica cuotas que pueden variar con el tiempo, lo que suma incertidumbre a quienes buscan financiar su casa.

A esto se suma que las condiciones se endurecieron: hoy no solo se exige estabilidad laboral, sino también un perfil crediticio prácticamente impecable para calificar.

En paralelo, aunque el Banco Nación mantiene una de las tasas más bajas del mercado (alrededor del 6%), el acceso sigue siendo restrictivo frente a otras entidades que directamente requieren ingresos superiores al millón o incluso varios millones de pesos mensuales.

El resultado es claro: el crédito hipotecario vuelve, pero no para todos. En un escenario donde las propiedades siguen valuadas en dólares y los salarios corren detrás de los precios, la posibilidad de comprar una vivienda propia se convierte, otra vez, en un privilegio más que en un derecho.

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos y cada vez más interrogantes. En las últimas horas, la Justicia ordenó ampliar los informes sobre los contratos firmados entre la TV Pública y la productora de Marcelo Grandío, un periodista señalado como amigo del funcionario.

El foco ya no está solo en los polémicos vuelos privados a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, sino también en el entramado de relaciones comerciales dentro del Estado. El juzgado a cargo del caso solicitó acceso a los expedientes completos de contratación, documentación contable, circuitos administrativos y la identificación de todos los funcionarios que intervinieron en el proceso.

La causa busca determinar si existieron irregularidades en estos acuerdos y, especialmente, qué ingresos generaron para la productora vinculada al entorno del poder. Todo esto se da en paralelo a una investigación por presuntas dádivas, luego de que testigos aseguraran que el propio Grandío habría financiado los viajes en avión privado del funcionario y su familia.

Las declaraciones judiciales encendieron aún más la polémica. Una testigo clave sostuvo que el viaje habría sido una “invitación”, lo que contradice versiones oficiales que indicaban que los pasajes habían sido abonados por el propio Adorni.

En ese contexto, la Justicia también pidió registros de comunicaciones y detalles sobre los vínculos entre los involucrados, en un intento por reconstruir toda la trama detrás de los contratos y los beneficios otorgados.

El caso pone bajo la lupa no solo la conducta del funcionario, sino también el manejo de recursos públicos y posibles conflictos de intereses dentro de la estructura estatal. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando y amenaza con escalar políticamente.

En un contexto donde el ajuste económico golpea de lleno a trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes, un dato generó fuerte ruido político en Formosa: el diputado nacional Gerardo González habría recibido un crédito de 206 millones de pesos por parte del Banco Nación.

El caso expone una contradicción difícil de ignorar. Mientras desde el Gobierno nacional se promueve un modelo de recorte del gasto, restricción del crédito y “ordenamiento” económico, aparecen operaciones millonarias vinculadas a dirigentes políticos que generan serios cuestionamientos.

Según trascendió, el legislador —vinculado en su momento a La Libertad Avanza— figura entre los beneficiarios de financiamiento otorgado por la banca pública, en un escenario donde acceder a un crédito para el ciudadano común o una pyme se vuelve cada vez más complicado.

La situación no pasó desapercibida y reaviva el debate sobre el rol del Estado y la transparencia en el manejo de los recursos financieros. ¿Quiénes acceden realmente al crédito en la Argentina del ajuste?

Para comerciantes, emprendedores y familias que enfrentan tasas altas, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo, el contraste es evidente: mientras unos hacen malabares para sostenerse, otros acceden a cifras millonarias.

El caso ya genera repercusiones y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre privilegios, política y financiamiento estatal en tiempos de crisis.

Lejos de retroceder ante el freno judicial, el Gobierno nacional confirmó que avanzará con la reglamentación de la reforma laboral, aun cuando una medida cautelar dejó en suspenso buena parte de sus artículos más controvertidos.

La decisión implica un movimiento político fuerte: mientras la Justicia analiza la constitucionalidad de la norma, el Ejecutivo busca acelerar su aplicación mediante decretos reglamentarios en puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral, el banco de horas y nuevas limitaciones al derecho de huelga.

El fallo judicial, impulsado a partir de una presentación de la CGT, había suspendido más de 80 artículos de la ley al considerar que podrían vulnerar derechos laborales básicos y generar perjuicios irreparables.

Sin embargo, lejos de tomar la cautelar como un límite, el Gobierno eligió redoblar la apuesta y avanzar en paralelo, incluso evaluando llevar el conflicto directamente a la Corte Suprema mediante mecanismos extraordinarios.

La reforma laboral, presentada como uno de los pilares del modelo económico libertario, incluye cambios profundos como la flexibilización de condiciones de trabajo, modificaciones en indemnizaciones y restricciones a la actividad sindical, lo que ya había generado rechazo en amplios sectores.

En este contexto, la estrategia oficial abre un nuevo foco de tensión institucional: mientras la Justicia advierte sobre posibles inconstitucionalidades, el Gobierno insiste en avanzar, en una lógica que críticos interpretan como un intento de imponer reformas estructurales aún por encima de los límites legales vigentes.

El conflicto, lejos de resolverse, promete escalar en los tribunales y en la calle, con una disputa de fondo que no solo involucra el mercado laboral, sino también el equilibrio entre poderes en la Argentina actual.

En un nuevo 2 de abril marcado por la memoria y el homenaje a los caídos, el presidente Javier Milei volvió a ubicarse en el centro de la polémica tras su discurso en el acto oficial realizado en Plaza San Martín.

Si bien el mandatario reiteró el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, gran parte de su intervención estuvo enfocada en defender su modelo económico y cuestionar a gestiones anteriores, desviando el eje de una fecha históricamente asociada a la unidad nacional.

Durante su discurso, Milei insistió en su idea de que la soberanía no pasa por el rol del Estado, sino por el desarrollo económico del país, planteando que Argentina debe convertirse en una potencia para que los habitantes de las islas “prefieran ser argentinos”.

Esa definición no es nueva, pero vuelve a generar controversia porque implica un cambio de enfoque respecto a la postura histórica argentina, que rechaza la autodeterminación de los isleños por considerarlos una población implantada.

Además, el Presidente aprovechó el acto para apuntar contra lo que denomina “la casta política”, a la que responsabilizó por debilitar el reclamo soberano a lo largo de las últimas décadas, en una lectura que distintos sectores consideran simplificada y funcional a su narrativa política.

El discurso también incluyó una fuerte defensa de las Fuerzas Armadas y del rumbo económico del Gobierno, en un contexto donde la crítica principal apunta a la utilización de una fecha sensible para reforzar posicionamientos ideológicos, en lugar de promover un mensaje de consenso nacional.

En este escenario, el acto por Malvinas volvió a exponer tensiones políticas, con cuestionamientos que señalan que el Gobierno prioriza su agenda interna incluso en momentos que históricamente fueron de unidad y memoria colectiva.

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional y ratificó que debe ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso que garantiza recursos para el sistema educativo superior.

La decisión judicial se da en el marco de una serie de presentaciones impulsadas por universidades y sectores académicos, que denuncian el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo. En ese sentido, ya existían fallos previos que obligaban a actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias, en línea con la normativa vigente.

El eje del conflicto gira en torno a la negativa del Gobierno a aplicar plenamente la ley, lo que generó una fuerte reacción en el ámbito universitario, con reclamos por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del financiamiento educativo.

De hecho, la norma establece mecanismos de actualización automática vinculados a la inflación, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las universidades y evitar el deterioro salarial de docentes y no docentes.

En este contexto, el fallo judicial vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en el sostenimiento de la educación pública, en medio de tensiones entre el ajuste fiscal y la inversión en áreas clave como la universidad.

La pobreza en Argentina registró una nueva baja y se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según datos oficiales difundidos por el INDEC. El indicador representa una disminución respecto al 31,6% del primer semestre del mismo año y una caída significativa frente al 38,1% registrado en igual período de 2024.

A pesar de la mejora en el porcentaje, el impacto social continúa siendo alto: el nivel de pobreza alcanza a unas 13,5 millones de personas en todo el país.

En paralelo, la indigencia se ubicó en el 6,3%, lo que refleja que millones de argentinos aún no logran cubrir siquiera sus necesidades alimentarias básicas.

El dato marca el nivel más bajo desde 2018 y consolida una tendencia descendente iniciada tras el pico registrado a comienzos de 2024, cuando la crisis económica llevó la pobreza por encima del 50%.

Sin embargo, especialistas advierten que la medición por ingresos puede verse influida por la evolución de la inflación y los salarios, lo que obliga a analizar estos números con cautela, especialmente en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo un factor clave.

De esta manera, si bien las cifras muestran una mejora estadística, el escenario social continúa planteando desafíos estructurales que impactan de lleno en la vida cotidiana de millones de argentinos.

La reforma laboral promovida por el Gobierno nacional sufrió un duro revés en la Justicia. Un juzgado laboral resolvió suspender más de 80 artículos de la normativa, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT.

El fallo, de carácter provisorio, advierte que varios puntos de la reforma podrían vulnerar derechos fundamentales, como la protección del trabajador, la libertad sindical y principios establecidos en la Constitución Nacional.

Entre los aspectos cuestionados aparecen cambios en el cálculo de indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación, limitaciones a la organización sindical y modificaciones en condiciones laborales que, según la resolución, podrían implicar un retroceso en derechos adquiridos.

La Justicia también consideró que la aplicación inmediata de estas medidas podría generar daños irreparables en las relaciones laborales, motivo por el cual decidió frenar su implementación hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.

El trasfondo del conflicto vuelve a poner en el centro del debate el modelo impulsado por el Ejecutivo, basado en la desregulación y flexibilización del mercado laboral. Desde distintos sectores advierten que estas políticas trasladan el costo del ajuste a los trabajadores, debilitando garantías históricas.

La medida judicial no implica la caída definitiva de la reforma, pero sí deja al descubierto las tensiones legales y sociales que genera. En este contexto, el Gobierno enfrenta un escenario más complejo, con resistencia sindical, cuestionamientos judiciales y un clima creciente de conflictividad.

En definitiva, el fallo marca un límite claro: la avanzada sobre el mercado laboral encuentra freno en la Justicia, mientras crecen las dudas sobre el rumbo y el impacto real de las reformas impulsadas a nivel nacional.

Un reciente relevamiento de opinión pública encendió señales de alerta para el Gobierno nacional: el escenario electoral muestra que el presidente Javier Milei ya no evitaría un ballotage y que una mayoría significativa de argentinos se inclina por un cambio de rumbo político.

Según los datos difundidos, más del 50% de los consultados expresa la necesidad de un cambio de gobierno, lo que evidencia un deterioro en la percepción social sobre la actual gestión.

El dato no es aislado. Distintas mediciones coinciden en señalar una caída en los niveles de aprobación presidencial y un crecimiento del rechazo, en un contexto atravesado por el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.

En este escenario, el oficialismo enfrenta un panorama más complejo que meses atrás. La posibilidad de una segunda vuelta electoral aparece como una consecuencia directa del desgaste político, pero también como reflejo de una sociedad que empieza a tomar distancia del modelo impulsado desde la Casa Rosada.

Analistas advierten que el giro en la opinión pública está fuertemente vinculado al impacto de las medidas económicas, que han generado tensiones sociales y un creciente malestar en amplios sectores.

De consolidarse esta tendencia, el Gobierno no solo perdería margen político, sino que también quedaría condicionado de cara al próximo proceso electoral, con una oposición que comienza a reagruparse frente a un escenario más competitivo.

En definitiva, los números empiezan a marcar un punto de inflexión: el respaldo inicial se erosiona y crece la demanda de un cambio, en un contexto donde la economía sigue siendo el principal termómetro del humor social.