No hay plata para las provincias, pero sí cargos judiciales para negociar poder
El discurso del “no hay plata” vuelve a mostrar sus límites cuando se trata de construir poder político. Mientras las provincias enfrentan recortes millonarios, caída de recursos y crecientes dificultades para sostener servicios básicos, el Gobierno nacional acelera la negociación de vacantes judiciales como herramienta para ordenar respaldos legislativos.
La decisión administrativa 20/2026 implicó un fuerte ajuste sobre partidas destinadas a las provincias, con un recorte superior a los $320 mil millones en programas vinculados a la relación con los distritos y al desarrollo regional. Ese golpe se suma a la baja de la coparticipación y a la reducción de transferencias nacionales, un combo que deja a muchos gobernadores contra las cuerdas.
En ese contexto, los Aportes del Tesoro Nacional aparecen como una de las pocas herramientas de auxilio para las provincias. Sin embargo, el ajuste también alcanza esos fondos, que en varios distritos resultan determinantes para cumplir con obligaciones salariales, aguinaldos y gastos corrientes. El mensaje político es claro: el Gobierno ajusta, pero al mismo tiempo administra los recursos restantes como mecanismo de presión.
La contradicción se vuelve más evidente cuando, en paralelo, la Casa Rosada avanza con el envío de pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Con más de 200 lugares disponibles y más del 35% de los juzgados del país sin cubrir, el oficialismo encontró una caja de negociación que no pasa por la obra pública, la salud, la educación ni la asistencia financiera directa, sino por cargos de enorme peso institucional.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pasó a ocupar un rol central en ese tablero. El Gobierno ya envió una tanda importante de pliegos y promete avanzar con más designaciones en los próximos meses. Entre los expedientes aparecen vacantes en distintas provincias, varias de ellas gobernadas por dirigentes que el oficialismo necesita cerca para sostener su frágil equilibrio parlamentario.
La maniobra deja expuesta una doble vara. Para las universidades, las obras públicas, la infraestructura escolar, la salud o los programas sociales, la respuesta suele ser el recorte. Para la negociación política, en cambio, aparecen cargos, pliegos y acuerdos de poder.
El problema no es solamente presupuestario. También es institucional. Utilizar vacantes judiciales como herramienta de negociación con gobernadores y senadores instala una señal preocupante sobre la independencia del Poder Judicial y sobre el modo en que el Gobierno entiende la construcción de mayorías.
Mientras las provincias reclaman fondos para funcionar, Nación ofrece lugares en tribunales. La frase “no hay plata” parece aplicarse solo cuando se trata de derechos, salarios, servicios públicos o asistencia al interior. Cuando el objetivo es garantizar gobernabilidad, el ajuste encuentra rápidamente sus excepciones.
