El tribunal confirmó la decisión de primera instancia y respaldó la continuidad de las prestaciones, en un contexto marcado por revisiones y recortes que generaron fuerte preocupación en sectores vulnerables.

Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que el fallo es contundente, ya que impide que se suspendan derechos adquiridos y garantiza que los beneficiarios continúen percibiendo sus ingresos, incluso mientras se completan los procesos administrativos pendientes.

Además, la Cámara rechazó el planteo del Estado que buscaba modificar el curso de la causa y remitirla a otra jurisdicción, marcando una postura firme en defensa del acceso a derechos básicos y la vía del amparo como herramienta válida para su protección.

El fallo también deja en evidencia una fuerte contradicción entre distintas cámaras federales del país sobre el mismo tema, lo que podría escalar el conflicto hasta la Corte Suprema.

En medio de un escenario de ajuste y revisión de políticas sociales, la decisión judicial vuelve a poner en debate el alcance de las medidas del Gobierno y el impacto real sobre los sectores más vulnerables.

Durante su exposición, el funcionario insistió en que su patrimonio fue construido en el sector privado y aseguró que “no tiene nada que esconder”. Sin embargo, al momento de responder preguntas específicas, evitó brindar precisiones amparándose en que existe una investigación judicial en curso.

La falta de respuestas claras sobre aspectos puntuales —como propiedades declaradas o el financiamiento de sus viajes— dejó más interrogantes que certezas. Incluso, ante consultas sobre estos temas, el funcionario protagonizó cruces con periodistas y cuestionó el rol de la prensa.

En paralelo, Adorni sostuvo que las críticas forman parte de una “operación política y mediática” contra el Gobierno, una postura que volvió a tensar la relación con los medios y evitó profundizar en los cuestionamientos de fondo.

Así, la conferencia que buscaba dar explicaciones terminó reforzando el clima de controversia, con un funcionario que defendió su posición pero sin aportar detalles concretos sobre los puntos más sensibles.

La iniciativa apunta a fortalecer la matriz energética local, incorporando generación limpia y sostenible, en línea con las tendencias globales de transición hacia fuentes renovables.

Según se informó, estos parques estarán destinados a la producción de energía solar a gran escala, lo que permitirá no solo abastecer la demanda interna, sino también potenciar el sistema eléctrico provincial con mayor eficiencia y menor impacto ambiental.

El desarrollo contará con participación de capitales privados, lo que representa una apuesta significativa al crecimiento del sector energético en la región, generando además expectativas en torno a la creación de empleo y el impulso de la actividad económica.

Este tipo de proyectos posiciona a Formosa dentro del mapa de energías renovables del país, consolidando un modelo que busca combinar desarrollo, innovación y sustentabilidad.

La actividad se realizó en la cancha ubicada en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Coronel Bogado, y estuvo a cargo del equipo de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependiente del área de Acción Social.

Durante la jornada, se llevaron adelante castraciones programadas, vacunación antirrábica y desparasitación, tres acciones clave para prevenir enfermedades y promover el cuidado responsable de los animales.

Este tipo de operativos forman parte de una política sostenida por el municipio, que busca acercar servicios esenciales a los barrios, facilitando el acceso a la atención veterinaria y contribuyendo al control de la población animal.

Además, se apunta a generar conciencia sobre la tenencia responsable, evitando la reproducción no planificada y reduciendo la cantidad de animales en situación de calle.

Desde el área destacaron la importante participación de los vecinos, remarcando que el compromiso de la comunidad es fundamental para sostener estas iniciativas a lo largo del tiempo.

En ese sentido, recordaron que el castramóvil continuará recorriendo distintos sectores de la ciudad durante todo el año, consolidándose como una herramienta clave para mejorar la salud pública y el bienestar animal.

Desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo informaron que los interesados en formar parte del evento, ya sea como feriantes, artesanos o revendedores, pueden acercarse a las oficinas del Paseo Ferroviario de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 horas, para completar su inscripción.

En cuanto al sector gastronómico, se encuentra habilitada una etapa de preinscripción a través del número 3705-142779, mientras que la inscripción presencial se realizará los días lunes 30 y martes 31, también de 9 a 12 horas, en el mismo lugar.

Durante esas mismas jornadas y horarios, se llevará adelante la inscripción especial destinada a instituciones educativas, que será de manera presencial y por orden de llegada.

Desde el área organizadora destacaron el gran interés que genera este evento, que año a año convoca a cientos de emprendedores y vecinos. Además de la propuesta ferial —que incluye espacios gastronómicos, artesanales y estudiantiles—, el festival contará con la participación de destacados artistas como Mc Caco, Gerardo y Los Chaques y Tania Torres, entre otros.

De esta manera, la ciudad se encamina a vivir una nueva edición de esta celebración que combina cultura, música y producción local en un mismo espacio.

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, participó de una importante jornada organizada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que reunió a referentes del sector hotelero y gastronómico junto a autoridades locales.

El encuentro, encabezado por el presidente de FEHGRA, Daniel Prieto, junto a los vicepresidentes Alejandro Papasidero Ricco y Raúl Kotler, se llevó adelante en el marco de una recorrida institucional que la entidad realiza en todo el país, con el objetivo de fortalecer su presencia federal y conocer la realidad de cada región.

También estuvieron presentes el titular de FEHGRA Formosa, Sebastián Urrutia; el secretario Ronny Ojeda; el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero; la directora de Turismo, Cristina Salomón; y el director de Habilitaciones Comerciales, Walter Olmedo.

La jornada fue organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Formosa y convocó a empresarios, referentes del rubro y funcionarios, quienes analizaron la situación actual del sector y delinearon estrategias para potenciar su crecimiento en la provincia.

FEHGRA, fundada en 1941, representa a más de 17.000 establecimientos hoteleros y 67.000 gastronómicos en todo el país, a través de 55 filiales, consolidándose como una de las entidades más importantes del sector a nivel nacional.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo turístico de Formosa, una actividad considerada estratégica por su capacidad de generar empleo e inversión.

En este sentido, la participación del intendente Jofré reafirma el compromiso de la gestión municipal con el acompañamiento a los sectores productivos, promoviendo espacios de diálogo y trabajo conjunto que permitan fortalecer la economía local.

En un contexto nacional desafiante, la realización de este tipo de encuentros en la ciudad posiciona a Formosa como un punto de referencia para el desarrollo turístico y gastronómico, apostando a un crecimiento sostenido basado en la cooperación y la planificación.

“El trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado es clave para potenciar el desarrollo turístico de Formosa”

La jornada dejó en claro que, más allá del contexto, Formosa continúa apostando al diálogo, la planificación y el fortalecimiento de sus sectores productivos como motores de crecimiento.

La relación entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores atraviesa un momento de fuerte desgaste, dejando al descubierto una contradicción cada vez más evidente: mientras varios mandatarios provinciales acompañan leyes clave del oficialismo en el Congreso, los recursos que reciben desde Nación están muy lejos de cubrir el impacto del ajuste.

En las últimas horas, el malestar escaló luego de que se conociera el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que según denuncian desde las provincias, “no cubren ni el 6% de lo que se perdió” en materia de financiamiento.

El dato cayó como una bomba en un contexto donde los gobernadores vienen siendo señalados por sostener con sus votos la agenda legislativa del Gobierno, incluso cuando esas leyes implican recortes y reformas que afectan directamente a amplios sectores de la sociedad.

Detrás de esa dinámica, analistas y sectores políticos advierten una lógica de negociación: apoyo en el Congreso a cambio de asistencia económica. Sin embargo, la realidad empieza a mostrar otra cara: ni los fondos llegan en la magnitud esperada ni las provincias logran compensar la caída de recursos generada por el ajuste nacional.

La tensión no es nueva. Desde hace meses, los gobernadores vienen denunciando recortes en transferencias y una fuerte caída en ingresos vinculados a la coparticipación, que representa una de las principales fuentes de financiamiento provincial.

A esto se suma el freno a la obra pública y la retención de fondos que, según reclaman, deberían ser distribuidos de manera más equitativa. En ese escenario, la estrategia del Gobierno de sostener el superávit fiscal profundiza el conflicto con las provincias, que ven deterioradas sus cuentas.

Lo que empieza a generar mayor ruido político es el costo de ese acompañamiento. Cada voto en el Congreso en favor de las iniciativas oficiales queda bajo la lupa, especialmente cuando esas leyes avanzan sobre derechos sociales, presupuestos sensibles o políticas públicas clave.

El escenario abre un interrogante incómodo: ¿hasta cuándo los gobernadores seguirán sosteniendo al Gobierno nacional? Porque mientras el ajuste avanza y los recursos no alcanzan, crece la sensación de que las provincias están pagando caro un apoyo político que, en los hechos, no tiene retorno.

El reciente operativo de Gendarmería en la zona de Clorinda volvió a encender la polémica, pero esta vez con un fuerte cuestionamiento hacia el gobierno de Javier Milei. Desde Formosa denuncian que el despliegue contra los pasos clandestinos en la frontera con Paraguay no sería más que un “show” con fines políticos.

Según trascendió, las críticas apuntan a que estas intervenciones se presentan como acciones contundentes, cuando en realidad forman parte de operativos que históricamente se repiten en la zona sin lograr soluciones de fondo.

En los últimos días, efectivos de Gendarmería destruyeron varias pasarelas utilizadas para el cruce ilegal entre Argentina y Paraguay, una práctica que existe desde hace años en la región y que responde a dinámicas sociales y económicas complejas.

Sin embargo, desde sectores locales sostienen que el Gobierno nacional intenta instalar la idea de un “control total” de la frontera, cuando en realidad los pasos clandestinos vuelven a aparecer una y otra vez. La crítica central apunta a que no hay políticas estructurales ni inversión sostenida, sino intervenciones esporádicas con alto impacto mediático.

“El problema no se resuelve con operativos para la foto”, deslizan voces formoseñas, que cuestionan la falta de una estrategia integral para abordar el contrabando, el tránsito irregular y la realidad social de la frontera.

Además, remarcan que este tipo de acciones no son nuevas: operativos similares se vienen realizando desde hace años en la zona sin lograr erradicar el fenómeno, lo que refuerza la idea de que el Gobierno actual estaría reciclando medidas conocidas pero presentándolas como si fueran un avance decisivo.

"Mucho operativo para la foto, pero la frontera sigue igual”

Mientras el Gobierno busca instalar una imagen de orden y control, desde el norte del país advierten que la realidad es otra: los problemas persisten y la frontera sigue siendo una deuda histórica. La pregunta que queda flotando es si se trata de una política real o simplemente de una puesta en escena para la tribuna.

Los números del mercado laboral en Formosa vuelven a encender el debate. A primera vista, la provincia exhibe una tasa de desempleo del 3,3%, una de las más bajas del país y muy por debajo del promedio nacional. Sin embargo, detrás de ese dato se esconde una realidad mucho más compleja y preocupante.

Según los últimos datos del INDEC, apenas el 39,9% de la población participa del mercado laboral, es decir, trabaja o busca trabajo activamente. En términos concretos, esto implica que 6 de cada 10 formoseños en edad de trabajar están fuera del sistema laboral, ya sea porque no tienen empleo o porque directamente dejaron de buscarlo.

Este indicador, conocido como tasa de actividad, es el más bajo de todo el país y refleja un mercado laboral con escaso dinamismo. Mientras en otras regiones la participación laboral supera el 45% o incluso el 49%, en Formosa se mantiene muy por debajo de esos niveles.

En la misma línea, la tasa de empleo también muestra debilidad: solo el 38,6% de la población tiene un trabajo, ubicándose nuevamente entre los valores más bajos a nivel nacional.

Los especialistas advierten que este fenómeno puede estar vinculado al llamado “desaliento laboral”, es decir, personas que dejan de buscar empleo ante la falta de oportunidades reales. Este grupo no figura en las estadísticas de desempleo, lo que genera una distorsión en la lectura de los datos.

Además, otros indicadores refuerzan este diagnóstico. En Formosa, apenas el 1,2% de los ocupados busca cambiar de trabajo, muy por debajo del promedio nacional. Esto sugiere un mercado con pocas alternativas y escasa movilidad laboral.

El panorama dibuja una economía donde el empleo privado tiene bajo peso y el sector público aparece como principal sostén, en un contexto donde gran parte de la población queda directamente fuera del circuito productivo.

Así, el bajo nivel de desempleo deja de ser una señal positiva y se convierte en un dato engañoso, que oculta una problemática estructural: la falta de oportunidades laborales reales y un mercado cada vez más reducido.

Un proyecto legislativo que busca combatir el bullying desde una perspectiva más amplia volvió a instalar el debate sobre la responsabilidad de las familias en la educación de los jóvenes. La iniciativa propone aplicar sanciones a padres o tutores de menores involucrados en casos de acoso escolar, incluyendo multas económicas y trabajos comunitarios.

La propuesta se basa en la idea de que la violencia en el ámbito escolar no puede abordarse únicamente desde las instituciones educativas, sino que también requiere un compromiso activo del entorno familiar. En ese sentido, el proyecto establece que los adultos responsables deberán intervenir y adoptar medidas concretas cuando sean notificados sobre conductas de hostigamiento.

En caso de incumplimiento o falta de respuesta por parte de los padres, podrían aplicarse sanciones que van desde multas hasta la obligación de realizar tareas educativas o comunitarias, dependiendo de la gravedad del caso.

Además, la iniciativa contempla un enfoque progresivo: primero se promueve la intervención de la escuela con acompañamiento de equipos especializados, y solo ante la falta de colaboración de la familia se avanzaría hacia instancias contravencionales.

Los impulsores del proyecto remarcan que el objetivo no es castigar, sino generar conciencia y fortalecer la corresponsabilidad entre escuela, familia y Estado. El bullying es considerado una problemática compleja, con consecuencias emocionales y psicológicas graves para las víctimas, por lo que requiere un abordaje integral.

Sin embargo, la propuesta también genera debate. Algunos sectores advierten que una mirada exclusivamente punitiva podría resultar insuficiente para resolver un problema estructural, y plantean la necesidad de políticas educativas más profundas, acompañamiento a docentes y programas de prevención sostenidos en el tiempo.

Mientras tanto, el proyecto avanza en el ámbito legislativo y abre una discusión clave: hasta qué punto los padres deben ser responsables por las conductas de sus hijos y qué herramientas son efectivas para frenar la violencia en las escuelas.